Gestión comunitaria de las aguas, otro de los temas impulsados por la comisión que podría llegar al Pleno

Pero los temas sobre emprendimiento, rol del Estado y libre competencia no fueron los únicos analizados ayer en la Convención Constitucional.

Esto, ya que en el marco de la sesión de ayer miércoles, destacó una propuesta que fue aprobada en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y que “otorga reconocimiento constitucional a la gestión comunitaria del agua y al saneamiento rural”.

La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de los convencionales Manuela Royo, Cristóbal Andrade y Aurora Delgado, entre otros, establece que en el entendido de que el agua es un Derecho Humano, el Estado deberá velar por su satisfacción atendiendo “a los requerimientos de las personas en sus distintos contextos”, con especial énfasis en quienes habitan en sectores rurales y zonas extremas, “preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”.

Para ello, según lo aprobado por la instancia, el Estado deberá fortalecer el rol de las organizaciones de “gestión comunitaria de aguas”, que deberán someterse siempre “al interés comunitario y social” y operarán sin fines de lucro y a las que se les facilitará, a través de la ley, “cavar pozos en distintas categorías de suelos de diversa naturaleza jurídica”.

También se le permitirá a estas organizaciones “operar en un plano de equidad frente a los usuarios hídricos más intensivos de la cuencia hidrográfica que corresponda”.

Al igual que el resto de las normas analizadas esta semana en las respectivas comisiones, aún resta por debatir el contenido en particular de cada propuesta, la que podría modificarse en dicha instancia. Luego deben pasar por el Pleno, donde también podría ser objeto de enmiendas.

“Defensoría”

Por otra parte, en la misma instancia y por una contundente mayoría de 15 votos a favor,se aprobó una propuesta que “establece deberes del Estado para el desarrollo y protección de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Para ello, la iniciativa propone la creación de la “Defensoría de las Mipymes”, que deberá defender sus intereses.

Pero también establece que el Estado fortalecerá el rol de las Organizaciones Gremiales Mipymes; fomentará el “cooperativismo” como mecanismo para agrupar a empresas de menor tamaño y la coordinación de los estamentos públicos a todo nivel para generar políticas públicas que les den sostenibilidad.